Consejo de la Judicatura analiza reformas al COIP ante Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional

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Consejo de la Judicatura analiza reformas al COIP ante Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional

COMUNICADO GUAYAS ASAMBLEA COIP

 

Los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), Néstor Arbito y Karina Peralta, comparecieron este martes 25 de julio, ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, en la Casa Legislativa de Guayaquil, para analizar las reformas que, desde diversos sectores, se han planteado al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

 

La mesa estuvo liderada por la presidenta de la Comisión, Marcela Aguiñaga, e integrada por los asambleístas Franklin Samaniego, Luis Fernando Torres, Henry Cucalón, Lourdes Cuesta, entre otros.

 

En su intervención, la vocal Peralta explicó que a inicios de 2017, el CJ junto con otras instituciones del sector justicia trabajaron en temas como: la ampliación del catálogo de contravenciones; el juzgamiento y sanción a los delitos de violencia intrafamiliar; y violencia psicológica, patrimonial y física que no causa lesión.

 

Peralta explicó que, en ese contexto, el CJ ha presentado a la Asamblea propuestas que buscan ampliar las competencias de los jueces de violencia intrafamiliar para que también puedan conocer delitos como el femicidio.

 

“Actualmente el Consejo tiene unidades especializadas de violencia intrafamiliar donde se conoce una sola contravención, que es agresión física que provoca incapacidad de hasta tres días. Cuando supera ese lapso se convierte en delito y es revisado por un juez penal”, detalló.

 

De acuerdo a lo que explicó la funcionaria, se propone también reformar el tipo penal del delito de violencia psicológica. El propósito es que, con este cambio, los operadores de justicia puedan determinar, en una sola entrevista, si existe una afectación leve, moderada o severa en la víctima y con ello, dicten las medidas de protección en los casos que lo requieran.

 

“Muchas mujeres denuncian violencia psicológica sólo para obtener medidas de protección, una vez que las obtienen no regresan y abandonan el proceso”, explicó.

 

En su ponencia, el vocal Arbito se refirió al procedimiento de apelación de contravenciones flagrantes con aprehensión (por ejemplo, una detención por embriaguez) que hasta el momento, se regula bajo una resolución de la Corte Nacional de Justicia.

 

“La detención puede tener efecto suspensivo y el implicado puede irse a su casa. Pero actualmente, por una resolución de la Corte, en estos casos, las apelaciones son de efecto devolutivo, para evitar que salgan libres. Es importante que esta disposición aclaratoria esté directamente en la Ley”, explicó.  

 

El funcionario también recordó que, en el COIP, existe un error de redacción que debe ser subsanado. Describió que en el artículo 636, referente a la rebaja de la pena sugerida en el procedimiento abreviado, se estipula que esta “será el resultado del análisis de los hechos imputados y aceptados y de la aplicación de circunstancias atenuantes, conforme lo previsto en este Código, sin que la rebaja sea menor al tercio de la pena mínima prevista en el tipo penal”.

 

Según la interpretación del artículo, los jueces podrían dar inclusive una rebaja total de la pena. Para evitar que esto ocurra, el CJ sugiere sustituir la parte final de la disposición por el texto: “sin que la rebaja total pueda ser mayor al tercio de la pena prevista en el tipo penal”.

 

Arbito cuestionó la reforma que propone la Defensoría Pública para que se elimine la pena prevista para delitos contra la propiedad, cuyo monto no exceda las 30 remuneraciones básicas.

 

El planteamiento de la Defensoría es que, en estos casos, se actúe por procedimiento ordinario con conciliación. Actualmente, estas causas se tramitan bajo el procedimiento directo.

 

Sobre esto último, el vocal explicó que no puede haber método de conciliación como extinción de la pena, ya que la consecuencia podría ser la intimidación a las víctimas. “No puede ser que una herramienta valiosa de construcción de diálogo, de paz, se vuelva un mecanismo de extorsión”, señaló.

 

 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN